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Condenan a empleada municipal por un fraude con una tarjeta social

El hecho ocurrió en Colonia Barón. Recibió dos años de prisión y e inhabilitación especial perpetua, además de reglas de conducta.

Una empleada municipal de Colonia Barón fue condenada a dos años de prisión en suspenso por cometer fraude con una tarjeta social, la que utilizó para beneficio personal antes de entregarla al beneficiario. La empleada reconoció el hecho en un juicio abreviado.

La jueza de Control, Ana Laura Rufini condenó a Natalia Soledad Ramírez por el delito de fraude a la administración pública a dos años de prisión e inhabilitación perpetua, luego del acuerdo al que arribaron el fiscal Armando Agüero, el abogado defensor y la imputada.

De acuerdo al fallo, «Natalia Soledad Ramirez, en su carácter de empleada pública dependiente de la Municipalidad de Colonia Baron, siendo encargada del área de Servicio Social, no hizo entrega al beneficiario, Esteban Israel Paredes, de la tarjeta social otorgada, haciendo uso de dicha tarjeta, lo que ocasionó un perjuicio por la suma total de $25.700, en detrimento de la Administración Pública Provincial».

En la sentencia se detalla que el uso de la tarjeta fue el siguiente: «en el mes de Noviembre del año 2021, por una suma de $4000, en el mes de Enero por una suma de $14.000, en el mes de Marzo por una suma de $7700, dinero que ingresó a la cuenta de Mercado Pago, cuya titular es la señora Ramírez. Dicha tarjeta social fue remitida por la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas Sociales, en sobre cerrado, al Municipio de la localidad de Colonia Baron con fecha 04/10/2021, momentos que la Sra. Ramírez accedió a la tarjeta, haciendo entrega a la Sra. Narcisa Rebollo -progenitora del beneficiario-, recién con fecha 17/04/2022».

Además de la pena de dos años de prisión y e inhabilitación especial perpetua circunscripta al ámbito de la Municipalidad de Colonia Barón, la jueza le impuso como reglas de conducta, a cumplir durante el término de dos años a la condenada, fijar domicilio y no modificarlos sin previo aviso al Ministerio Público Fiscal.