(General Pico) – Los imputados en la estafa contra el empresario piquense Marcelo Faruelo asumieron la responsabilidad en el hecho y acordaron la imposición de una pena, tras haber reintegrado el dinero y reparado la totalidad del daño económico ocasionado. Durante los próximos días la jueza de control Ana Laura Ruffini dictará la sentencia tras haber aprobado el acuerdo de juicio abreviado al que arribaron las partes. En solo tres semanas, la causa llegó a una resolución.
Durante los últimos días del mes de febrero un grupo de personas que simularon ser trabajadores de Vialidad Nacional, llegaron hasta la fábrica que tiene Faruelo en el Parque Industrial de General Pico y le ofrecieron unos trabajos de pavimentación en el acceso a la planta con materiales sobrantes de otras obras. El empresario aceptó la oferta y les depositó más de 20 millones de pesos. Una vez que los falsos trabajadores certificaron el ingreso de los fondos en sus cuentas, se fueron del lugar. El empresario radicó la denuncia en la Comisaría Tercera y en conjunto con la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional II y de la Fiscalía General de la Segunda Circunscripción Judicial de La Pampa, se inició una investigación. Los investigadores identificaron a la brevedad a los sospechosos tras acceder al registro del lugar en el que habían estado hospedados. También identificaron los vehículos en los que se desplazaban. La Justicia piquense libró una orden de captura de los siete sospechosos y días más tarde, en proximidades de la Bombonera, en la ciudad de Buenos Aires, fueron detenidos tres de ellos. La detención se dio a través del programa «Tribuna Segura» cuando pretendían ingresar a ver un partido de Boca.
Acuerdo.
Durante los últimos días se llevó a cabo una audiencia de reexamen de la medida de coerción que pesaba contra los tres detenidos, de apellidos Núñez, Cáceres y Soler. En esta instancia las partes intervinientes presentaron un acuerdo de juicio abreviado. Los acusados repararon la totalidad del daño económico causado, dado que depositaron la suma de 20,8 millones de pesos. Además, aceptaron la responsabilidad en el hecho y la imposición de la pena pautada. En el caso de Cáceres y Soler aceptaron una pena en suspenso y recuperaron la libertad dado que no tienen antecedentes penales. En el caso de Núñez, arrastra un antecedente condenatorio por un robo en La Matanza, y recibirá una pena de un mes de prisión efectiva que cumplirá con arresto domiciliario. La jueza Ruffini, quien aceptó el acuerdo presentado por las partes, dictará sentencia durante los próximos días. Sobre los otros cuatro implicados en el hecho se dará de baja el pedido de captura, dado que el daño fue reparado y la causa quedará cerrada.
