El hecho se suma a una serie de incidentes similares en la provincia.
La investigación se originó por una pintada en un baño escolar. La Policía secuestró elementos de escritura y dispositivos electrónicos tras identificar a un grupo de estudiantes de primer año. Se busca determinar si la intimidación responde a desafíos virales de redes sociales.
Un importante operativo policial y judicial sacudió la tranquilidad de Victorica este martes, luego de que se registrara una grave amenaza de tiroteo en un colegio secundario de la localidad. El hecho, que se suma a una serie de incidentes similares en la provincia, derivó en un allanamiento en el domicilio de los progenitores de los menores sospechosos.
La denuncia fue radicada por la directora del establecimiento, quien halló en uno de los baños la frase «tiroteo están avisados», escrita con un marcador violáceo. Personal de la Comisaría Departamental, bajo las órdenes de Edgardo Díaz Correa, realizó pericias fuera del horario escolar y detectó trazos similares en un banco de un aula de primer año. Este hallazgo cerró el círculo sobre un grupo reducido de alumnos de entre 12 y 13 años.
Durante el allanamiento, supervisado por el fiscal Nicolás Rojo, los efectivos buscaron elementos de escritura que coincidan con la tinta utilizada en la pintada y teléfonos celulares que puedan contener mensajes o videos relacionados al hecho. Las autoridades sospechan que estos episodios, que ya afectaron a General Pico, Rancul y Santa Rosa, están motorizados por retos que circulan en plataformas digitales.
El Estado provincial será querellante
Como ya se sabe, frente a la gravedad y repetición de estos sucesos, el gobernador Sergio Ziliotto instruyó a la Fiscalía de Estado para que la Provincia se presente como querellante en todas las causas penales abiertas. La medida busca que el Ejecutivo tenga un rol activo en las investigaciones y pueda exigir responsabilidades legales, enviando un mensaje claro: estas conductas no serán tratadas como simples «bromas infantiles» debido al enorme gasto de recursos públicos y la zozobra que generan en la comunidad.
Desde el Gobierno advirtieron que la intervención judicial es inevitable cuando se vulnera la seguridad de los establecimientos educativos. Asimismo, instaron a las familias a supervisar de cerca el comportamiento digital de los adolescentes, subrayando que la prevención debe comenzar en el hogar para evitar que un «click» termine en un allanamiento policial.
