Ahora resta la promulgación de la ley por parte del Poder Ejecutivo. Las entidades educativas que serán transferidas son el Instituto Agrotécnico Alpachiri, Instituto Agropecuario de Arata, Instituto Bernardo Larroudé, Instituto Lucio V. Mansilla, Instituto Repúplica del Perú e Instituto Cristo Redentor.
Todas son de educación secundaria, y se considera prioritario provincializar a las mismas. Han sido creadas, en su momento, por iniciativa de grupos de vecinos ante la necesidad de cubrir la demanda local, respondiendo a un contexto sociopolítico distinto.
En la sesión de la Legislatura hubo, en las gradas, representantes del gremio de los docentes privados, que en silencio reclamaron, con banderas y carteles que consignaban “Garantizar la educación no significa estatizarla”, “Ningún docente sin su cargo” y “No a la perdida de fuentes de trabajo”.
Más arriba, en la misma tribuna y unos escalones más arriba,s un grupo de propietarios de los establecimientos celebró con un aplauso la aprobación unánime en la votación.
La última sesión
Sin demasiados desencuentros transcurrió la última sesión ordinaria de este 2018 en esta Legislatura y los diputados aprobaron por unanimidad la ley que reforma y deroga artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial; la incorporación del artículo 259 bis al Código Procesal Civil y Comercial; la reforma del artículo 33 del Código Procesal Penal y la transformación en Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería al Juzgado Regional Letrado de Victorica.
También la que dispone un nuevo régimen para la custodia, disposición y destino de bienes secuestrados en causas penales de jurisdicción provincial; y las resoluciones por la que expresan beneplácito por la sanción de la Ley Nacional 27455, la cual establece que los delitos contra la Integridad Sexual, en los que resulten víctimas menores de 18 años, sean de acción pública; y designan con el nombre de “Juan de la Cruz Rolan”, en toda la cartografía oficial, al antiguo arroyo que delimita a la conocida isla “Colonia Chica”, en inmediaciones de 25 de Mayo.
Cuenta de inversión
Respaldándose en la positiva evaluación que hiciera en la intervención que hiciera sobre la misma el Tribunal de Cuentas de la provincia a través de las auditorías de rigor, el diputado Roberto Robledo instó a votar la aprobación de la cuenta de inversión correspondiente al ejercicio financiero 2017, presentado en un todo de acuerdo a lo establecido en la Constitución Provincial.
La cuenta de inversión fue confeccionada por Contaduría general de la provincia siguiendo los lineamientos establecidos en la ley de contabilidad.
Los cuestionamientos, que sirvieron de argumentos para luego votar en contra, de los bloques opositores de la Alianza Cambiemos (Frepam, Pro y Mofepa) fueron expuestos por los diputados Ricardo Consiglio, que acusó al ministro Ernesto Franco de “tratarnos como burros y demostrar ser él muy inteligente para esconder las cosas”, cuestionó que a “nuestros intendentes los discriminen” y reclamó “poder controlar oportunamente, mientras se está ejecutando, al presupuesto y no dos años después”. También por el diputado Héctor Fazzini que puntualizó que “se dejaron sin ejecutar 120 millones de pesos en viviendas” y por el diputado Luis Solana que aclaró que “nuestro rechazo es lógico porque ya no estábamos de acuerdo con las metas que el gobierno provincial se había fijado hace dos años cuando tratamos y rechazamos aquel presupuesto del cual ahora estamos analizando su ejecución”. La aprobación fue por la mayoría compuesta por el Partido Justicialista y el bloque unipersonal del Frente Pampeano para la Victoria.
Otros por mayoría
La ley que modifica a la Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura también fue aprobada por la mayoría de 15 legisladores, sin el acompañamiento de los del Frepam (el diputado Abel Sabarots dijo que se trataba de “parches o enmiendas” y no “de la necesaria reforma integral que contemple algo que únicamente en nuestra provincia no se tiene en cuenta, el orden de méritos) ni los del Pro y Mofepa (la diputada Josefina Díaz dijo que “no es una reforma consensuada ni integral que es lo que se necesita).
De igual forma solo la mayoría de 15 diputados aprobó la propuesta del diputado Espartaco Marín para que la diputada María Soledad Sciu como miembro titular y Diana Arenzo como suplente, representen a la legislatura en el Consejo de la Magistratura.
