Logística estableció que el valor de reposición ascendía a 770 mil pesos.
El Tribunal de Cuentas de La Pampa condenó a una integrante de la Policía provincial a reintegrar 770 mil pesos al Estado por el perjuicio patrimonial ocasionado por la pérdida de una pistola semiautomática que tenía asignada. La agente reconoció el monto establecido y pidió que la deuda sea descontada de su salario en diez cuotas.
La decisión quedó plasmada en la Sentencia Nº 2166, dictada el 27 de julio y publicada en el Boletín Oficial. El organismo dio por concluido el juicio de responsabilidad iniciado contra la cabo primero Vanina Gisela Morales, quien previamente había sido responsabilizada en el ámbito disciplinario de la Policía de La Pampa.
El expediente tuvo su origen en una información sumaria tramitada por la Dirección General de Sumarios Especiales de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. En ese procedimiento, mediante la Resolución Nº 28/2026 de la Policía provincial, se atribuyó responsabilidad disciplinaria a Morales por una falta encuadrada en el artículo 58 inciso 15 de la Norma Jurídica de Facto 1034/80.
Esa resolución quedó firme y, posteriormente, las actuaciones llegaron al Tribunal de Cuentas para determinar si la conducta había provocado un perjuicio económico al Estado.
El organismo de control dio intervención a la Jefatura de Juicios de Responsabilidad y solicitó al Departamento Logística que estableciera cuánto costaba reponer el elemento faltante. Se trataba de una pistola semiautomática marca FM, modelo Detective, calibre 9 milímetros, con su correspondiente cargador.
Logística estableció que el valor de reposición ascendía a 770 mil pesos, monto que fue tomado como daño patrimonial ocasionado al Estado. A partir de esa determinación, el Tribunal abrió formalmente el juicio de responsabilidad contra la policía y la citó a una audiencia para que pudiera presentar pruebas exclusivamente respecto de la cuantificación económica.
Morales compareció ante el organismo y manifestó su total conformidad con los $770 mil fijados como perjuicio patrimonial. Además, solicitó poder afrontar el reintegro mediante diez cuotas mensuales, iguales y consecutivas de 77 mil pesos, descontadas directamente de sus haberes por la Contaduría General de la Provincia.
La Jefatura de Juicios de Responsabilidad recomendó formular el cargo por la totalidad del monto y el Tribunal de Cuentas hizo suyo ese criterio. Al mismo tiempo, aceptó el plan solicitado por la agente teniendo en cuenta, según consignó expresamente en la sentencia, el «carácter alimentario del salario».
De esta manera, la condenada deberá afrontar diez descuentos mensuales de $77 mil cada uno, hasta completar los $770 mil correspondientes al valor de reposición del arma.
El Tribunal ordenó remitir la sentencia a la Contaduría General de la Provincia para efectuar las retenciones de los haberes y depositar los fondos a la orden del organismo de control en una cuenta del Banco de La Pampa.
