Secuestraron un celular. Daniel Molina fue detenido en Catriló, después de que su pareja denunciara el abuso. Envió por redes sociales amenazas contra su ex y le extendieron la prisión preventiva.

El Poder Judicial allanó la Alcaidía de Santa Rosa y secuestró el teléfono celular con el que se habrían realizado amenazas a una víctima de un abuso sexual en Catriló. El autor de las amenazas es Daniel Molina, un hombre de 43 años que se encuentra detenido por el abuso sexual de su expareja. El celular secuestrado no pertenece a Molina sino a otro preso con el que había estado, según los registros de la Alcaidía, el día que se enviaron los mensajes amenazantes.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que pidieron pericias informáticas para confirmar que desde el celular secuestrado se publicaron en las redes sociales los mensajes. Explicaron que hubo dos allanamientos en el lugar de detención. En el procedimiento realizado en la celda de Molina no se halló un celular. Pero luego y a partir de la información aportada por las autoridades de la Alcaidía se allanó la celda de un preso con el que Molina había estado el día de las amenazas. En ese allanamiento se secuestró el teléfono.

Molina fue detenido el 3 de febrero pasado en Catriló. Fue después que la que era su pareja, una mujer de 25 años, denunciara el abuso. La mujer fue trasladada a Santa Rosa donde la examinó un médico policial y se “constató que presentaba lesiones”.

El juez de control Carlos Ordas dispuso la prisión preventiva por 30 días. Además, se realizó un allanamiento en el domicilio donde convivía la pareja y se secuestraron elementos de interés para la causa.

A poco de vencer la preventiva, Molina envió por redes sociales amenazas contra su ex. A raíz de esto, desde el Poder Judicial le extendieron la prisión preventiva hasta el 3 de abril.

Desde el Ministerio Público esperan tener lista la investigación antes de que venza la preventiva y elevar la acusación por el abuso sexual y las amenazas.

Desde el inicio de la pandemia de Covid, hace un año, a los detenidos se les permite tener acceso a un teléfono celular para mantener contactos con los familiares que no pueden ingresar a los lugares de detención por las medidas sanitarias.