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Un grupo de mujeres protestó en la sede del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, en momentos en que los jueces dieron a conocer los fundamentos de la anulación de la Causa La Chicho Show.  El juez José Mario Tripputi fue el que fundamentó la sentencia. Adhirieron los otros dos magistrados, Pablo Ramiro Díaz Lacava y Marcos Aguerrido.

La semana  pasada el TOF declaró nula toda la investigación de la causa del prostíbulo porque se perdieron los 39 casetes con las escuchas telefónicas en las que estaba basada. De esta manera, absolvió a los siete imputados, entre ellos el jefe comunal Jorge Cabak (PJ).

“La pérdida de los soportes originales (casetes en número de 39 para el abonado en cuestión, v. fs.87/88), con ausencia de control y examen, no solo de parte del juez sino de las defensas, constituyó una sumatoria de nulidades absolutas en este proceso, que no pueden validarse”, dijo el juez.

La Chicho Show: el TOF dio … by on Scribd

“Cuando se analiza la falta de fundamentación, no se trata solo de confrontar los argumentos que el magistrado da para actuar -si son coherentes y consistentes, o no; si las expresiones son fruto de un razonamiento correcto o incorrecto-”, dijo Tripputi. “Es algo más: es el grado de dependencia que una decisión judicial de esta naturaleza, tiene con el o los elementos y pruebas previas incorporadas en un expediente. Y aquí, la dependencia es total con un solo elemento, porque hasta la foja 17 no había en autos absolutamente nada más que las referencias brindadas por aquella persona. Siendo esa toda la base de la decisión judicial, es sumamente endeble”.

“Y sin embargo, las escuchas se llevaron a cabo por orden judicial. Y se transcribieron”, expresó. “Y aquí empieza una segunda cuestión, que desmerece aún más el procedimiento judicial -en punto a la toma de decisiones- y policial -en cuanto a la producción de pruebas-.  Porque la única razón por la que puede decirse que ‘se transcribieron’ es porque hay transcripciones en autos (incorporadas a fs.27/94, con oficio de remisión a fs.26, fechado el 20/8/11 y sin constancia de la fecha de recepción en el Juzgado Federal local). Pero no sabemos de qué son transcripciones, porque no tenemos los casetes”.

“Desaparecieron, se traspapelaron o fueron objeto de un ilícito. Tampoco lo sabemos y lo que sea que haya ocurrido con ellos, se determinará en una investigación independiente, en orden a la gravedad que conlleva la pérdida de elementos -que, como en este caso, resultan en mi criterio de singular relevancia- en desmedro de la valoración probatoria. Tanto el Juzgado de Primera Instancia como este Tribunal Oral, no pudo contar con los soportes magnéticos de las escuchas telefónicas ordenadas oportunamente -como acabo de decir, sin basamento legal alguno-. Y esto debe puntualizarse atento a que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, según reza en la mayoría de los Tratados Internacionales conocidos y en nuestra Carta Magna, justamente con la inviolabilidad del domicilio”.

“La falta de fundamentación precisa y la forma de realizar las transcripciones, a cargo de una oficial de la policía quien, en soledad, seleccionaba qué diálogos eran pertinentes y cuáles no, ha conspirado contra una sana investigación y esclarecimiento de los hechos”.

“La pérdida de los soportes originales (casetes en número de 39 para el abonado en cuestión, v. fs.87/88), con ausencia de control y examen, no solo de parte del juez sino de las defensas, constituyó una sumatoria de nulidades absolutas en este proceso, que no pueden validarse”, dijo el juez.
El Caso

La Chicho Show es un recordado prostíbulo que funcionó hasta 2011. Era propiedad de Luis Daniel De Luca, junto a otros socios.

El predio era de una hectárea: había una docena de casas mas el prostíbulo, que tenía una barra y cuatro habitaciones donde se hacían los “pases”. Allí, incluso, hace un año se realizó una excavación en búsqueda de posibles restos de Marita Verón, la joven tucumana que cayó en manos de una red de trata y permanece desaparecida.

El lunes 3 de diciembre, el fiscal federal Leonel Gómez Barbella había pedido que Cabak fuera condenado a 6 años de prisión y se le impusiera una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por haber sido, según había argumentado, partícipe necesario del delito de trata de personas porque permitió el funcionamiento de La Chicho Show, donde se explotaba sexualmente a mujeres. “Se da un caso de ‘manual’ de trata de personas”, había dicho frente a los jueces.

La misma pena, de 6 años, había pedido el fiscal al excomisario del pueblo, Hugo Mario Iglesias. Otro de los principales acusados era el dueño del prostíbulo, Luis Daniel De Luca -hoy radicado en Mar del Plata y con una agencia de quiniela-. El fiscal había reclamado que fuera condenado a 7 años. También había solicitado 7 años a otro de los dueños, Esmundo “Dito” Blas -exconcejal de Macachín y actualmente residiendo en Bolívar, donde tiene un restaurante-.

En tanto, había solicitado 5 años de prisión a Leandro Otero -transportista de Macachín-, Maximiliano De Luca -hijo de Luis Daniel, que trabaja en Mar del Plata- y a Oscar Moya -remisero de la localidad-.