Los jueces, que analizaron la apelación de primera instancia, confirmaron la acusación por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y lo desligaron del delito más grave: el de partícipe necesario del delito de trata, dijeron fuentes judiciales a Diario Textual.
La resolución de los camaristas bahienses se conoce la misma semana que se inició otro juicio a un intendente: el de Lonquimay, Luis Rogers, por el prostíbulo Good Night.
La Chicho Show es un caso que también tiene alto impacto político en la zona. El año pasado, el entonces juez federal subrogante Luis Salas había procesado a Cabak y al comisario Hugo Iglesias. No solo los había acusado del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, sino también de ser partícipes necesarios del delito de trata. Ahora, los camaristas dijeron que este último delito no se ha podido acreditar.
Se espera una nueva apelación y, así, el caso debería ser analizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Posteriormente, si se mantienen los procesamientos, se deberá poner fecha al juicio.
Otros cinco
En esta investigación, ya desde 2014, estaban procesadas otras cinco personas por la entonces jueza subrogante Iara Silvestre. Ella había procesado a Luis Daniel De Luca y Edmundo Blas por encontrarlos “prima facie coautores del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por haber sido cometido por tres o más personas en forma organizada y por ser tres o más las víctimas, en concurso ideal con el delito de sostenimiento de una casa de tolerancia (Cód. Pen.: 45, 54 y 145 bis2 y 3 2 y ley 12.331: 17)”. De Luca, según la acusación, era el jefe de la banda y Blas su socio y exconcejal.
También había procesado al remisero Oscar Moya y al regenteador del lugar Leandro Ariel Otero, bajo el mismo encuadre legal, en calidad de partícipes necesarios; e igualmente respecto de Maximiliano Daniel De Luca, como partícipe secundario de los mismos delitos.
Este prostíbulo había sido, incluso, denunciado por Susana Trimarco, quien busca aún a su hija desaparecida Marita Verón, desde 2002. La mujer sospecha que en ese lugar estuvo cautiva su hija. Este año allí se hizo una excavación: un testigo anónimo denunció que la habían enterrado en el sótano. No encontraron ningún resto humano.
El caso
La causa se inició el 21 de febrero de 2011, cuando la denuncia llegó a la Brigada de Investigaciones UR-1. En esa oportunidad, una oficial relató que había tenido una entrevista con una persona, quien le informó sobre una mujer oriunda de República Dominicana que “trabajaba” en un local nocturno de la localidad de Salliqueló, ubicado en la Provincia de Buenos Aires, y que “no habría estado conforme con su contexto laboral”. El prostíbulo habría estado, a su vez, conectado con la whiskería Chicho Show y con un tercer local también bonaerense. El informante policial indicó que las víctimas “rotaban entre los boliches” y que, entre ellas, había jóvenes menores de edad que “al no poder ser prostituidas en el local nocturno de Macachín, lo hacían en el pueblo, en una casa particular”.
Posteriormente, se solicitaron varias intervenciones telefónicas, entre ellas al encargado del local Chicho Show y el 27 de agosto de 2011 se allanó la whiskería. Durante el operativo, se constató en el lugar la existencia de una barra de tragos, una fonola, una gran cantidad de preservativos y la vinculaban a través una puerta con cuatro habitaciones con cama matrimonial y luces rojas.
Según uno de los testimonios, “en los dormitorios se realizaban los pases, cobrándolos las chicas quienes llevaban la plata hasta la barra y el encargado era quien controlaba el tiempo tocándoles un timbre de acuerdo al tiempo pagado…”.
Las escuchas telefónicas que fueron incorporadas a la causa arrojaron pruebas de cómo funcionaba la red de trata en el cabaret y a su vez evidencian que tanto Cabak como Iglesias “tenían un cabal conocimiento de las actividades ilegales que se desarrollaban en Chicho Show’, según lo estableció en su momento el juez Salas. Además, se estableció que un gran número de mujeres obtuvieron libretas sanitarias expedidas por la Municipalidad de Macachín y fueron prostituidas por los imputados en el local.
De la prueba recolectada, surge también que las víctimas provenían de distintos puntos del país; que en algunos casos eran de nacionalidad extranjera, en mayor medida de Paraguay y República Dominicana, y que ingresaban al circuito prostibulario con deudas ya que debían pagar los pasajes de traslado, gastos, alojamiento y elementos de subsistencia. Además, vivían en el mismo lugar donde eran prostituidas.
Como resultado, los investigadores comprobaron que el cabaret era propiedad de Daniel De Luca y que funcionaba como una “casa de tolerancia” donde sus responsables obligaban a las mujeres a mantener encuentros sexuales con los clientes a cambio de una suma de dinero.
