La policía identificó a 12 personas y patentes de vehículos. Los datos fueron elevados al fiscal Máximo Paulucci, que interviene por supuesta violación del artículo 205 del código penal.
La Policía identificó a 12 personas y a una cantidad mayor de patentes de vehículos que participaron este martes de una marcha anticuarentena en el centro de Santa Rosa, con una manifestación inclusive en las puertas de la residencia del gobernador, a la vera de la ruta 35.
El fiscal Paulucci inició actuaciones preliminares por presunta infracción al artículo 205 del código penal, en función de las actividades que están permitidas y las que están prohibidas en el marco del confinamiento estricto establecido por el gobierno nacional, al que adhirió la provincia, en pleno pico de la segunda ola de la pandemia de coronavirus. Hay una sospecha mínima de que se cometió un delito por no respetar el confinamiento dispuesto para evitar contagios.
El 205 establece que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”. En La Pampa, se labraron miles de estas infracciones desde el año pasado, la mayoría terminaron en el pago de una multa.
El caso más resonante fue el de dos jueces y un fiscal que se juntaron el día del amigo en un horario en el cual estaban prohibidos los encuentros sociales. También se aplicaron multas -o detenciones por reincidencia- a los organizadores de fiestas clandestinas.
El jefe de la Policía, Héctor Lara, confirmó este miércoles a El Diario que elevaron un informe detallado de lo que pudieron constatar durante el operativo que acompañó la manifestación de los sectores opositores, en franca rebeldía con las medidas dispuestas para intentar frenar el avance del coronavirus.
La policía identificó a doce personas que participaron de la marcha. Además, registraron patentes de vehículos, en este caso, inclusive más que esa cantidad.
En la plaza San Martín los policías notificaron al carnicero que unos días previos había irrumpido en una conferencia del gobernador Sergio Ziliotto. El anticuarentena Hugo Alfonzo fue notificado en la vía pública. También un muralista. Entre los automovilistas movilizados estuvo el exfuncionario nacional del macrismo, Luis Bertone, uno de los propietarios del hotel Calfucurá, de Santa Rosa.
Luego notificaron a diez personas más. Entre ellas, algunos de los comerciantes que conforman un grupo que se autodenomina como una cámara autónoma, en disidencia de la Cámara de Comercio local.
Desde el año pasado la irrupción de la pandemia generó nuevas investigaciones para los fiscales, en su mayoría vinculadas al artículo 205 del Código Penal, que contempla la violación de medidas oficiales para impedir la introducción o propagación de epidemias. Se iniciaron miles de causas en la provincia. En la mayoría de los casos, terminaron en multas para los autores de ese delito.
En algunas oportunidades también se aplicaron penas por el artículo 239 del Código Penal. En ese caso, se trata del delito de desobediencia, que establece que “será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”.
El delito de desobediencia es una figura penal muy utilizada en sede judicial, cuando un magistrado dispone alguna orden judicial y esta no es cumplimentada por el destinatario.
