Norberto G. Asquini
Luego de meses de tensión institucional, acusaciones cruzadas y una ofensiva sistemática del presidente Javier Milei contra las provincias, el Congreso recibió este miércoles dos proyectos de ley impulsados por los propios gobernadores, que buscan garantizar fondos coparticipables que la Casa Rosada ha venido reteniendo de forma discrecional. La presentación, que reunió a mandatarios de diferentes signos políticos —peronistas, radicales, macristas y fuerzas provinciales—, tiene un claro protagonista: el pampeano Sergio Ziliotto.
El gobernador de La Pampa fue desde el principio uno de los más firmes en denunciar el ahogo financiero al que el Ejecutivo nacional somete a las provincias. En soledad o casi, Ziliotto sostuvo una estrategia de plantarse tanto institucional como políticamente cuando muchos optaban por el silencio o la tibieza. Fue también uno de los artífices centrales de que los mandatarios se reunieran con un objetivo común y de una de las leyes presentadas este miércoles, lo que no solo legitima su postura, sino que también le otorga la razón, a largo plazo, frente a quienes desde su propio espacio lo cuestionaron por «falta de diálogo». Se reclamó hasta donde se pudo con Milei, pero se sabe que no dará el brazo a torcer, y se pasó a la acción.
Y es que, mientras en La Pampa la oposición se deshacía en críticas a Ziliotto por la «confrontación», hoy radicales y macristas deben ver cómo los gobernadores de sus partidos terminan alineándose con el peronismo en los reclamos federales. A la ambigüedad radical —que en la provincia se expresa entre la crítica verbal y la complicidad muchas veces silenciosa—, se suma la paradoja de un PRO provincial enamorado de un presidente que los denigra, ignora y castiga permanentemente.
Ziliotto no solo tuvo que escuchar los dardos opositores, también desde el propio peronismo hubo voces de peso que le pedían más diálogo. Pero lo que esta situación demostró es que ambas estrategias, la confrontación y la negociación, eran necesarias y complementarias. Sin la presión que significó la postura firme de algunos gobernadores, no habría llegado el momento de aunar un frente común ante la sordera libertaria. Y fue recién cuando el resto de los mandatarios —algunos tibios, otros especuladores, otros simplemente desbordados por la realidad— entendieron que el ajuste se hace con la plata de todos, que se animaron a moverse. Muchos de ellos por necesidad urgente, no por convicción.
El tema político de fondo no es simplemente el financiamiento. Lo que exaspera a los gobernadores es el uso y abuso de los fondos por parte de la Casa Rosada, particularmente de recursos que pertenecen a las provincias. El Impuesto a los Combustibles, por ejemplo, alimenta fideicomisos destinados a obras de infraestructura (rutas, viviendas, servicios básicos), que fueron desarmados y quedaron en manos del Ejecutivo. Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que constituyen el 1% de la coparticipación federal y deben ser distribuidos ante situaciones de emergencia, fueron directamente retenidos. Funcionarios como Franco y Guberman reconocieron abiertamente que no los reparten porque “afectan el equilibrio fiscal”.
Lo que están diciendo, en otras palabras, es que el equilibrio fiscal nacional se sostiene con plata de las provincias. Esa es la verdadera cara del ajuste. Por eso, las leyes presentadas apuntan a establecer por ley lo que debiera ser una obligación constitucional: que esos recursos se distribuyan de acuerdo al índice de coparticipación. Que no dependan del humor del presidente, del castigo o el premio político.
La presentación de estos proyectos es, en definitiva, el reflejo de que los gobernadores se cansaron. Se cansaron de callar, de mendigar, de ver cómo se vacía el federalismo con el pretexto del ajuste. Ziliotto, en ese marco, aparece como el dirigente que anticipó el escenario, el que advirtió que no había otra salida que defender lo que les corresponde a las provincias. A muchos les costó entenderlo. Hoy, algunos recién empiezan a ver que tenía razón.