El Centro Pampeano de Estudios Sociales y Políticos se manifestó a favor de la intervención de la empresa agroexportadora Vicentin por parte del gobierno nacional.
En un comunicado de prensa el CPESP revela su “beneplácito” por el anuncio efectuado hace pocos días por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, del envío de un paquete de proyectos para expropiar a la empresa cerealera Vicentín, “actualmente en serias dificultades financieras”.
El Comunicado
De concretarse, esta medida puede tener grandes consecuencias para la economía del país y por extensión en La Pampa, provincia agropecuaria si las hay. Vicentín, una empresa familiar con 90 años de trayectoria, había llegado a ser uno de los mayores exportadores de granos y subproductos, pero afrontaba una deuda estimada en 1.350 millones de dólares, de los cuales unos 1.000 millones fueron contraídos con los bancos, de los que 300 corresponden a préstamos sospechados de irregularidades otorgados con el Banco Nación, y otros 350 millones con empresas del sector agrícola, principalmente productores y acopiadores.
Es decir, se trata de una empresa en serios problemas cuya caída significaría un problema. Llama la atención esta situación porque el comercio de granos es la actividad principal del país y no fue afectado por la pandemia. Se ha señalado que existen indicios de maniobras tales como triangulación de ventas y transferencias de capitales entre empresas del conglomerado, algunas de ellas radicadas en el exterior, lo que podría configurar una suerte de vaciamiento. Se entiende entonces la importancia de la decisión y las reacciones ocurridas en apenas dos días del anuncio.
La magnitud de las cifras en danza, la cantidad de obreros y productores afectados por el quebranto, y lo que implica el comercio al exterior de granos para la economía del país hacen conveniente intentar exponer algunas razones que se aparten de los lugares comunes como la referencia a Venezuela o al copamiento de la empresa por la Cámpora.
Hace no mucho se comenzó a hablar de una posible vuelta a la Junta Nacional de Granos, organismo regulador del comercio de granos cuya actividad se extendió por 60 años. Su origen se remonta al año 1932, cuando gobernaba el país el General Agustín P. Justo. El país enfrentaba las consecuencias de la crisis mundial por el crac de 1929, con descenso en los precios de los productos exportados, desocupación y déficit fiscal. En ese año asume el socialista Federico Pinedo como Ministro de Economía, e impulsa la creación del Banco Central y de la Junta Nacional de Granos, esta última con la finalidad de asegurar un precio sostén a los productores. Años después, durante el gobierno de Juan Domingo Perón y con Miguel Miranda a cargo de Economía, la comercialización de granos pasó al Instituto
Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), con la finalidad entonces de emplear las divisas provenientes de la exportación para fomentar la industrialización del país. Después de 1955, la Junta recuperó sus funciones, pero con el paso de los años y el estancamiento de la producción agrícola fue perdiendo relevancia hasta terminar con su disolución durante la marea de privatizaciones y cierres de los 90. Pero justamente en esos años la producción agrícola comenzó un crecimiento sostenido, y el manejo de los crecientes saldos exportables pasó a manos de grandes traders como Cargill, Dreyfus y Bunge & Born, junto a nuevos jugadores como Oleaginosa Moreno y Vicentín. Algunas de estas empresas ya habían sido sospechadas de maniobras non sanctas como la subfacturación y la triangulación de exportaciones a través de filiales en Paraguay y Uruguay, con el fin de eludir el cumplimiento de las obligaciones fiscales. A diferencia de otros países como Canadá y Australia, el Estado Argentino no tiene empresas que permitan cierta regulación del mercado de granos, aun cuando existen cerealeras de indole cooperativo con un rol relevante en el negocio de la exportación de granos y sus subproductos. De ahí la importancia que puede tener el desembarco del Estado Nacional en el negocio de los granos si se concreta la expropiación de Vicentín. La comercialización de granos es central para la política económica del país, afectada por la cíclica falta de divisas.
Por todo ello, el Centro apoya el tratamiento en el Poder Legisativo de los proyectos anunciados, y llama a un debate abierto y sin altisonancias sobre el tema.
