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Las fuentes consultadas coinciden en señalar que, cuando el prefecto Esteban Albera llegó hace dos meses para reemplazar al anterior jefe Alejandro González, el trato hacia los agentes del SPF y los internos cambió drásticamente.

De acuerdo a lo que ha trascendió, los afectados por este trato se quejan de que el nuevo directivo los castiga sin posibilidad de defensa posible de una manera que no dudan en calificar de arbitraria.

A esto se suma lo que aseguran quienes se han entrevistado con él y relatan que, en las pocas veces que alguien pide ser atendido, el prefecto lo hace exhibiendo sobre su escritorio un arma de fuego y un cuchillo de caza de grandes dimensiones por detrás de su asiento.

Además del carácter intimidatorio que los que lo han padecido le dan a esta exhibición de esas armas, recuerdan que al Penal no pueden ingresar armas de fuego –obviamente tampoco se deben exhibir, y en todo caso quedan en la guardia externa-, y las que sí tienen los efectivos son escopetas con postas de goma que son las que utiliza el personal de requisa en casos de alteración del orden.

Audiencias, a nadie.

Otro reproche que se le formula al jefe de la U.4 es que ignora a los detenidos de tal forma que en el tiempo que lleva a cargo no habría atendido a ninguno en audiencia, haciendo caso omiso al decreto 18/97, artículo 44 del Reglamento de Disciplina para los Internos (Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad Nº 24.660). Antes de dictar una resolución de sancionar y enviarla al Juez, el Director debe tener una audiencia personal con el inculpado.

Familiares de reos que cumplen condenas –pero también de miembros del servicio- advierten que con todas esas actitudes se está generando un caldo de cultivo riesgoso.

La situación ha sido advertida además por funcionarios judiciales de la Provincia, quienes habrían hecho escuchar sus reproches por un comportamiento del Jefe de la Unidad 4.

Entre ellas ordenar que se encierre a internos por faltas menores sin informar como corresponde al Juzgado. Y dan nombres como los de Fuentes Cuadrado, Carrazán, Lencinas, Quepil y Stromberg; entre otros. “A algunos los ha sancionado sin siquiera conocerlos, ni atenderlos cuando lo requieren”, dijo una fuente.

Sanción anulada.

Sobre el tema este diario habló con integrantes de la Justicia provincial que han tomado conocimiento que un magistrado hace unos días le ordenó a Albera anular la sanción a un preso porque estaba mal aplicada. Se extrañaron porque se pretendió impugnar la decisión del juez que daba marcha atrás con lo que el director había dispuesto, porque desde el punto de vista técnico el SPF no puede hacerlo. No es parte del expediente.

El que no tuvo empachos en decir lo suyo fue el Defensor General Martín Saravia. “Es que hemos reclamado que hay situaciones de arbitrariedad y se lo dijimos al ministro de Seguridad (Horacio Di Nápoli), y también a la Jueza de Ejecución sustituta (Marisol Rodríguez)”.

Saravia deslizó que habría un trato autoritario de Albera. “Incluso también le hemos planteado a la jueza porque el director no quiere trasladar a un interno por cuestiones de salud aduciendo que no tiene vehículo en el penal para eso.

Además le pedimos que en esos casos se le hagan las denuncias penales pertinentes, porque además intimida -obviamente que él da la orden y lo hacen otros penitenciarios también-, a las abogadas, defensoras. Sobre todo cuando se trata de mujeres, serían intimidadas por personal del servicio, y entonces se dificulta la atención con los presos”.

¿Hay escuchas?

Es más, hubo algún personal que se desempeña en la U.4 que sostiene que el defensor/a y el interno “no tienen garantías de no ser escuchados en las conversaciones que mantienen cuando se entrevistan. Realmente es preocupante la situación”, advirtió el Defensor General.

Agregó el funcionario que resultó extraño “porque esto no es común, que el Servicio Penitenciario intente impugnar una decisión del juez Pascual. Pasó hace días cuando el juez anuló una sanción a un preso porque fue pésimamente aplicada”.

Saravia insistió en algo que “es un déficit que seguimos teniendo: el Servicio Penitenciario sigue, mediante sangrías periódicas, sacando presos pampeanos y llevándolos a otro lado, aunque desde las defensas nos estamos oponiendo constantemente”.

Sostuvo que se continúa “sin cumplir el convenio que firmó La Pampa con el SPF. Nos deberían reservar 300 plazas, y al día de hoy pampeanos de la Justicia Ordinaria Provincial (que son los del convenio) no deben superar los 110 en la Colonia Penal”.

El tema preocupa y mucho no sólo a funcionarios, sino a defensores porque “institucionalmente el tema es precupante. Hay un grave daño institucional que provoca el Servicio Penitenciario a nuestra provincia. En realidad que le sigue generando, dado que es el principal origen del problema, porque nunca hemos estado en situación de hacinamiento tan grave con violación a los derechos humanos como sucede ahora. Y a veces da bronca que algunos funcionarios no lo vean de esta manera… porque las autoridades hicieron un acuerdo con Nación que no se cumple”, completó.

¿Por qué no atienden?

Tratar de comunicarse con las autoridades del Servicio Penitenciario Federal en la Colonia Penal 4 resulta una misión imposible. Ayer desde este diario, en diversas oportunidades, se intentó llamando a un par de números (uno correspondiente al sector Judiciales; y otro al propio director del establecimiento).

En ambos casos la suerte fue la misma: “En este momento no se puede atender la llamada”. Incluso en el del Prefecto a cargo de la U-4 quedó un mensaje de quien efectuaba la llamada que nunca fue respondido.

La sospecha es que –si no se reconoce en el SPF de quién se trata el que realiza la comunicación del otro lado- directamente habría decisión de no responder. Lisa y llanamente. Sólo si tienen registrado que es de algún juzgado o situación similar son atendidos.

¿Por qué sucede eso? Sólo en la Colonia Penal tienen la respuesta.